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La salud de Colombia


La salud de Colombia

Guillermo Perry

El Gobierno ha decidido enfrentar los tres problemas que han hecho financieramente inviable el sistema de salud. Hay que apoyarlo.


Cuando se pregunta a un ciudadano qué es lo que más importa para su bienestar, la mayoría responde: salud, empleo y seguridad. Sin salud, de poco vale lo demás. Por eso, la crisis del sistema colombiano de salud es tan preocupante y socialmente explosiva. Y por eso hay que aplaudir que finalmente el Gobierno haya decidido enfrentar los tres problemas de fondo que han hecho inviable el sistema actual.
Dos de ellos se originaron en la Ley 100 de 1993. El primero fue pretender que se financiara tanto el seguro de salud contributivo como el subsidiado con gravámenes al empleo formal. Los autores de la ley creyeron que, cuando se lograra la cobertura universal y se equipararan los dos regímenes, dos terceras partes de los trabajadores (los formales) estarían contribuyendo por ellos y por los subsidiados (los informales). Con este supuesto, fijaron las contribuciones para equilibrar financieramente el sistema. Pero, ¡oh sorpresa!: hoy solo algo más de una tercera parte de los trabajadores está contribuyendo y casi dos tercios están en el régimen subsidiado y en la informalidad. Esta es la primera razón de la crisis financiera del sistema.
El seguro de salud se convirtió, junto con los parafiscales, en el mayor estímulo a la informalidad: mucho trabajador se niega a formalizarse porque "pierde el Sisbén" y tendría que contribuir. Como la serpiente que se devora por la cola, el seguro financiado con gravámenes al empleo formal acabó comiéndose a sí mismo. La actual propuesta de reforma tributaria arreglaría definitivamente este problema.
El segundo problema consistió en entregar a municipios pequeños el manejo del régimen subsidiado. Un seguro puede funcionar bien cuando cubre a mucha gente sujeta a riesgos muy diferentes de salud, lo que no sucede en el ámbito reducido de una localidad. Peor aún, en muchas de ellas los políticos locales se apropiaron de los recursos girados desde el Gobierno Nacional para la salud, los usaron en forma clientelista, se los robaron o los entregaron a los paramilitares. Hubo un verdadero atraco contra la salud de los colombianos en muchas regiones.
La Superintendencia de Salud no intervino para arreglar estos y otros problemas porque su manejo se le entregó también al clientelismo político. El ministro Gaviria ha dicho que se jugará su cabeza para frenar este asalto a la salud y que propondrá al Congreso cambiar la administración del seguro hoy unificado. Para comenzar, nombró a un excelente Superintendente.
El tercer problema corrió por cuenta de las buenas intenciones de la Corte Constitucional. Esta consideró que el sistema de aseguramiento en salud establecido en 1993 era constitucional. Pero después decidió desconocer la esencia de cualquier sistema de aseguramiento. Sucede que un seguro cubre muchos riesgos -el llamado Plan Obligatorio de Salud o POS-, pero no todos -los llamados servicios no POS-. La Corte resolvió que la salud era un derecho fundamental de inmediato cumplimiento y, por tanto, que todo tratamiento, por costoso que fuera -y así no estuviera asegurado-, ¡tenía que ser pagado por el seguro! Es como si el lector toma un seguro contra robos pero su casa se incendia y, aunque no estaba asegurado contra incendios, la Corte obliga al seguro a pagarle. Colombia no tiene cómo pagar cualquier tratamiento a todos sus ciudadanos. Esto no pasa ni en los países más ricos.
Cuando la Corte comprendió el desangre financiero que había propiciado con los recobros no POS, aceptó que el derecho a la salud puede limitarse, pero solo a través de una ley estatutaria. El ministro Gaviria anunció que la presentará. El trámite de esta ley será muy difícil en el Congreso y ante la opinión, pero sin ella no se podrá evitar la crisis financiera del sistema de salud a largo plazo.
Hay otros problemas (costo de medicamentos, funcionamiento de algunas EPS), pero se terminó el espacio.

Guillermo Perry

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